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Oficina de Seguridad Vial

Análisis FODA

Fortalezas

F1. Existencia del Consejo Nacional de Seguridad Vial Huánuco y su Secretaria Técnica con presupuesto asignado.
F2. Realización de encuentros periódicos de Consejo Regional de Seguridad Vial, para el intercambio de experiencias regionales y aplicación de la política nacional en materia de seguridad vial.
F3. Existencia de capacitaciones a alumnos, docentes, padres de familia y conductores de transporte público y privado sobre la sensibilizarnos en educación de seguridad vial.

Oportunidades

O1. Expedición de normas legales y jurídicas en materia de tránsito y transporte terrestre y actividades complementarias de ellas, promoviendo la mejora del uso de la vía publica en salvaguarda de la vida, salud e integridad física de las personas.
O2. El Decreto Supremo N°010-96-MTC, se encarga de promover y coordinar las aciones vinculadas a la seguridad vial.
O3. Donaciones de material educativo por parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial.
O4. Capacitación integral en Seguridad Vial a través de la promoción de ferias multisectoriales del programa Nacional de Tambos.
O5. Implementación sostenida y permanente de oficinas descentralizadas de los sectores de Educación y PNP en las provincias del departamento de Huánuco.

Debilidades

D1. Escasos sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a las instituciones educativas y empresa de transportes.
D2. Escasa gestión de interesados y pocas alianzas estratégicas consolidadas.
D3. Carencia de personal especializado y equipo técnico en temas de transporte terrestre y normas de tránsito vigentes.
D4. Bajo nivel de inscripción en los recursos extraordinarios y jornadas extraordinarias de educación en tránsito y seguridad vial.
D5. Poco interés en propuestas de proyectos en seguridad vial.
D6. Limitaciones para ingresar al acceso del Sistema Nacional de Sanciones.

Amenazas

A1. Escaso presupuesto para cumplir las metas programadas para el año.
A2. Falta de señalización de tránsito en la ciudad de Huánuco.
A3. Incumplimiento de las Municipalidades Provinciales al no inscribir las sanciones en el sistema correspondiente, los cuales se encuentran dentro de su ejercicio de su potestad sancionadora previsto en el Reglamento Nacional de Transito.
A4. Resistencia a los actores institucionales y no institucionales a cambios que promueven el desarrollo de la seguridad vial en la región.
A5. Aumento de accidentes producto de una mayor exposición al riesgo derivado del incremento de la población y consecuentemente de la motorización incontrolada de la región.
A6. Elevado nivel de informalidad de operadores del servicio de transportes de personas provincial e interprovincial de ámbito regional.
A7. Deficiente aplicación de sanciones efectivas a los usuarios de la vía publica (tránsito y transporte terrestre) infractores de la normativa vigente.